Las cadenas de cultivos piden previsibilidad para un desarrollo sustentable

El Campo
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Las entidades de la soja, el maíz, el sorgo, el trigo y el girasol apoyaron un proyecto de ley agrícola impulsado por dirigentes del radicalismo, que apunta a reglas estables.

Luego de los amagues intervencionistas del Gobierno, que incluyó amenaza de subas de retenciones y un fugaz cepo exportador, la reunión de la Mesa de Enlace con el presidente de la Nación, Alberto Fernández distendió los ánimos. Y aunque sigue en el candelero la discusión por el precio de los alimentos, se respira otro aire.


No soplan vientos optimistas, está claro, pero los espíritus acuerdistas recuperaron terreno, como de alguna manera se había ensayado en algunos tramos del segundo semestre de 2020, especialmente con las reuniones del Consejo Agroindustrial Argentino, con el oficialismo y la oposición, que abrió el camino a una ley para el desarrollo federal, inclusivo y con impulso a las exportaciones.

Ahora, en el sector agroindustrial se comparte cierta calma luego de varias semanas de estar en alerta, aunque prima una sensación de desconfianza. No sólo porque el escenario socioeconómico sigue siendo muy complicado, sino porque en ese contexto –y camino a las elecciones- el campo suele ser tomado como un mero aportante de fondos, sin muchas consideraciones sobre las condiciones que necesita para desarrollarse, producir alimentos y aportar dólares a la economía.


Así las cosas, resultó interesante una reunión virtual en la que participaron los presidentes de las 4 principales cadenas de cultivos, porque Alberto Morelli (Maizar), Miguel Cané (Argentrigo), Juan Martín Salas (Asagir) y Luis Zubizarreta (Acsoja) coincidieron, una vez más, en la necesidad de que el sector agroindustrial tenga un marco de reglas claras con previsibilidad.

El encuentro fue organizado por la Fundación Alem, animada por dirigentes y legisladores del radicalismo, cuya Mesa Agropecuaria coordina Luis María Migliaro, desde la cual se promueven propuestas sustentables para el sector y la sociedad.


“Sabemos lo que no hay que hacer a la hora de definir incentivos para el desarrollo de un cultivo -afirmó Cané- porque tenemos experiencias cercanas en el tiempo, donde quedó demostrado la expansión en área y rindes cuando se eliminaron las retenciones y los ROEs. En el caso del trigo, significó una duplicación de superficie y de la productividad por mayor inversión tecnológica”.

En el mismo sentido, Salas dijo que los mensajes que transmite un Gobierno se traducen en grados de confianza para actuar en el ámbito privado. Afecta las relaciones hacia el interior de la cadena y muchas veces desalienta inversiones”.


Zubizarreta destacó que “la propuesta de fondo sigue siendo producir más, para producir más y destrabar el potencial de desarrollo”. En ese sentido, puntualizó que “en los últimos 10 años hemos retrocedido, mientras que Brasil duplicó su producción de granos”.

Aseguró que “con una baja gradual de las retenciones el Estado recaudaría más” y propuso “agregar valor para exportar productos con más trabajo, por ejemplo con la oportunidad que tienen los biocombustibles, a la par de los alimentos”.

Morelli también destacó que si hubiera un marco previsible para los biocombustibles, y se tendería a un corte del 27,5% con naftas y gasoil, como rige en Brasil, se desatarían inversiones por US$ 1.200 millones de dólares en ampliaciones o nuevas plantas”. Y ponderó que una “ley agrícola” permitiría incluso dar confianza a productores y a la gente en general en aspectos puntuales como la rotación de cultivos para el cuidado del suelo o las aplicaciones de fitosanitarios”.


Migliaro puso en consideración que “la idea no es extraña. El Congreso de EE.UU. vota una ley agrícola cada 5 años con reglas claras y estables, que da previsibilidad más allá de un mandato presidencial”.

También participó el flamante presidente de Aapresid, David Roggero, quien señaló que la entidad está impulsando “cultivos para una producción sustentable (en lo económico, lo social y lo ambiental), en base a la ciencia, el trabajo en red y abiertos a las innovaciones”.

Por su parte, Alfredo Paseyro, director ejecutivo de la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA) destacó que el sector que representa “reinvierte el 9% de su facturación, en similar nivel al de los países desarrollados y muy por encima del promedio argentino: 0,6%”. Y consideró que “la actualización de la Ley de Semillas –que debería llamarse de Mejoramiento Genético Vegetal Aplicado- requiere un acuerdo de matriz amplia: técnica, social y político”.

Y el ex ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, advirtió que “nuestros productores siembran con un escenario macro y cosechan con otro, además de las amenazas constantes de modificaciones o restricciones comerciales. Eso es inviable en cualquier economía que pretenda desarrollarse con solidez”.

Fuente: Clarin.com