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Dilma presentó su defensa: el juicio político es una "venganza"

Crisis en Brasil

Lo hizo a través del ministro José Eduardo Cardozo, abogado general de la Unión, quien se presentó ante los 66 diputados de la Comisión Especial de impeachment.

En un alegato que mantuvo en silencio a los 66 diputados de la Comisión Especial de impeachment, el ministro José Eduardo Cardozo, abogado general de la Unión desestructuró, desde el punto de vista jurídico y político, el pedido de juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff. Sostuvo que esa demanda, firmada por los letrados Helio Bicudo y Miguel Reale Jr, padece “de gran cantidad de equívocos, muchos de ellos groseros”. Sostuvo, en defensa de la jefa de Estado, que el proceso contra ella fue abierto “por venganza” del diputado Eduardo Cunha, titular de la Cámara Baja. Reclamó, finalmente, que este procedimiento sea “archivado” por el propio Parlamento. Fue, en ese sentido taxativo: “El pedido debe ser rechazado por falta de fundamentos jurídicos”.

Citó numerosas declaraciones de Cunha a la prensa que revelarían “sus verdaderas intenciones” de “salvar su propia situación”. Y advirtió que “hoy, como está el procedimiento, el impeachment es golpe”. Argumentó que “desgarra la Constitución del país y tiene gravísimas consecuencias”. Mencionó, entre ellas, el hecho de que “hará nacer un nuevo gobierno sin ninguna legitimidad”. Indicó que “no hay ningún atentado” de la presidenta Rousseff contra la Carta Magna brasileña, único caso previsto para iniciar el proceso de juicio. Y sostuvo que el argumento de las “pedaleadas” fiscales –que consistió en tomar créditos de muy corto plazo de bancos oficiales para el pago de beneficios sociales—ya fue utilizado en gobiernos anteriores sin que el Tribunal de Cuentas de la Unión los cuestionara. “El TCU admitió esas operaciones en los gobiernos de Fernando Henrique Cardoso y de Lula da Silva. Y en 2015, con el cambio de orientación del TCU, el gobierno no hizo operaciones de esa naturaleza”. Por la Constitución de 1988 de Brasil, un presidente no puede ser culpado por hechos ocurridos en gestiones anteriores.

El ministro subrayó que “si el Congreso reconoce el impeachment, también le cabría (el castigo) a los gobernadores que han practicado esas operaciones de crédito (pedaleadas)”. El abogado del gobierno indicó que “es absurdo imaginar un acción dolosa de Dilma en el caso de los créditos (tomados de los bancos oficiales). Intervinieron en estas operaciones más de 20 organismos técnicos”. Y se preguntó: “¿Dilma actuó de mala fe cuando todos los organismos confirmaban la legalidad de las medidas?”.

Lo que finalmente surgió ayer es lo que una editorial del diario Folha de Sao Paulo puso en evidencia un día antes, al señalar que aún cuando pudieran existir motivos para el impeachment “falta una comprobación cabal” de los indicios de “mala conducta presidencial”. Es por eso que Folha señaló que queda una alternativa: “La renuncia” de la jefa de Estado, de su vicepresidente Michel Temer, del diputado Eduardo Cunha (titular del cuerpo legislativo). Y a partir de esa situación consideró que deberá ser convocadas las elecciones generales para dentro de 90 días. De hecho, esta posición significó admitir que son remotas las chances de que la Cámara de Diputados vote el juicio político. Una decisión parlamentaria, por el sí o por el no, podría ocurrir a mediados de este mes. No está todavía nada claro y dependerá de la correlación de fuerzas.

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