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Luego de que se conociera la denuncia radicada contra el doctor Jorge Roses, se reflotó una vez más este tema en Santo Tomé donde esta práctica  por parte de algunos profesionales, es moneda corriente. El cobro, no en los pasillos sino generalmente en consultorios privados, se realiza hace años y se convirtió en un problema que ninguna dirección que estuvo al frente del nosocomio local, pudo resolver. Pero esta vez una persona se animó a denunciar, Ignacio Alvarez no se calló como generalmente pasa en estos casos ya que la mayoría de los familiares, presionados por el estado de salud del paciente, aceptan estos cobros por los que obviamente no reciben ningún comprobante a cambio. Podrían surgir en Santo Tomé otras denuncias por este tema de cobros "ilegales".

 

El Portal ellitoral.com.ar publicaba lo siguiente:

Presentaron el caso ante la Unidad Ejecutora Provincial (UEP) del Ministerio de Salud de Corrientes y se espera que “se aplique una sanción reparadora”.

Avanza la investigación contra el médico Jorge Roses denunciado por cobrar un plus de 30.000 pesos para una operación, cuando la obra social cubría el 100 por ciento de la cirujía.

La asesora jurídica de la Regional de Osprera, Mayra Somariva, confirmó a Télam que recibieron la denuncia y que el accionar del profesional médico configura “una práctica ilegal”. La letrada destacó la conducta del empleador que denunció el hecho.

En tanto, señaló que presentaron el caso ante la Superintendencia de FSalud de la Nación y ante la Unidad Ejecutora Provincial (UEP) del Ministerio de Salud de Corrientes, y expresó que espera que “se aplique una sanción reparadora”.

Somariva adelantó que buscarán que el trabajador rural “recupere el dinero que pagó”, aunque reconoció que se torna difícil “porque el médico lo cobró en negro, no emitió factura y el trabajador rural no tiene cómo acreditarlo”.

“Esperamos una sanción administrativa del director del hospital o del ministro de Salud de Corrientes, ante estas situaciones en que el médico plantea al paciente: me pagás o no te opero, porque esto no debería suceder”, insistió la asesora jurídica.

“Los hospitales públicos deben garantizar la salud, sin importar si tienen o no obra social, porque es un derecho humano que hay que garantizar” y estimó que la difusión del caso servirá “para que se deje de abusar de personas vulnerables o en estado de indefensión, que tienen que vender lo que tienen o endeudarse para pagar un plus indebido e ilegal”, explico la letrada.

En tanto, Ignacio Álvarez, el padre de la joven de 20 años que fue operada, afirmó a El Litoral que para reunir los 30 mil pesos que le habría solicitado el médico, tuvo que pedir prestado a familiares y amigos.

Además, contó que la operación a su hija diagnosticada de litiasis vesicular, “salió mal, le quedó una piedra” y tuvieron que trasladarla al hospital de Posadas (Misiones)”.

Sobre su vínculo con el profesional médico, detalló: “Yo ya lo conocía, hace algunos años atrás ya la había operado a mi esposa, pero no recuerdo qué pasó aquella vez porque fue hace mucho tiempo”.

“Ojalá puedan devolvernos ese dinero. Así nomás es la vida del pobre. Juntamos entre todos y ahora tenemos que devolver esa plata a las personas que nos prestaron”, cerró Álvarez.

Según pudo confirmar este medio con fuentes allegadas, se inició una investigación oficial por parte de la obra social luego de que se realizara la denuncia formal a través de una carta en la que se reportó lo sucedido. Según indicaron, las autoridades del hospital “coincidieron en que el pedido de treinta mil pesos era incorrecto”.