La Escuela N° 811 “Pablo Argilaga”, ubicada en calle Madariaga 1450, volvió a ser noticia este lunes tras detectarse un robo ocurrido durante el fin de semana. Al iniciar la jornada escolar, la directora y el personal observaron que varias rejas del depósito de alimentos estaban violentadas, lo que permitió el ingreso de los autores. Los ladrones andaban ofreciendo el botín que era nada más y nada menos que para preparar el alimento que se le sirve a los pequeños estudiantes que asisten a la institución, la mayoría provenientes de familias humildes de la zona.-

Del lugar faltaban cajas de leche, yerba y distintas variedades de galletitas, todos los productos destinados a la alimentación diaria de los alumnos. También se encontró un parlante tirado y dañado, junto con otras aberturas forzadas que evidencian que los intrusos recorrieron distintos sectores del edificio.
En el marco de la denuncia radicada en la dependencia policial, se desplegó un rápido trabajo investigativo que permitió demorar a varias personas, entre ellas menores de edad , quienes habrían estado vinculadas al hecho. Según trascendió, los sospechosos andaban ofreciendo la mercadería robada para vender , lo que facilitó su identificación.
El episodio expone una situación alarmante: las escuelas de la ciudad no cuentan con cámaras de seguridad y, aparentemente, tampoco con serenos , dejando a los establecimientos completamente vulnerables durante la noche y los fines de semana. Esta falta de resguardo vuelve a poner en debate la necesidad urgente de reforzar la seguridad en instituciones que cumplen un rol social fundamental, especialmente en la asistencia alimentaria de niños y familias.
Las autoridades continúan con las actuaciones correspondientes y no descartan nuevas medidas si surgen más datos o faltantes en los próximos días.

Con la ley actualizada de Argentina, basada en el Nuevo Régimen Penal Juvenil (Ley 27.801) que entró en vigencia el 5de septiembre de 2026, cómo sería el tratamiento de este tipo de casos de ahora en más?
Con la reciente actualización del Régimen Penal Juvenil en Argentina, los adolescentes de 16 y 17 años pueden ser imputados y sometidos a un proceso penal. En casos como este, donde se investiga un robo en un establecimiento educativo, los menores demorados no quedan detenidos en cárceles comunes, pero sí pueden recibir medidas judiciales: seguimiento obligatorio, programas socioeducativos, restricciones y supervisión especializada. La intervención policial fue correcta, ya que la ley vigente permite identificar, demorar e iniciar actuaciones penales a jóvenes de esa franja etaria.
En el caso de adolescentes de 14 y 15 años, la ley argentina establece que no pueden ser imputados penalmente, pero sí pueden ser demorados, identificados y puestos a disposición de la autoridad competente. No se les abre una causa penal como a los jóvenes de 16 y 17 años, pero intervienen organismos de protección de derechos, equipos interdisciplinarios y la justicia de menores. Las medidas aplicadas suelen ser de carácter socioeducativo, acompañamiento obligatorio y restitución de derechos, sin posibilidad de prisión ni sanciones penales directas.

