Un empresario gastronómico de Salta fue imputado formalmente por trata de personas con multas de explotación laboral agravada, luego de que una inspección en su finca reveló que siete trabajadores vivían en condiciones insalubres: habitaciones con piso de tierra, camas armadas con palets y baños de letrina.
La Unidad Fiscal Salta formalizó la investigación ante el juez federal de Garantías N°2 de la provincia, Diego Anzorreguy, que ayudó a la imputación por trata de personas con multas de explotación laboral agravada. El agravante responde al número de afectados, la situación de vulnerabilidad de las víctimas y la consumación del hecho.
El caso comenzó con una denuncia anónima recibida a través de la línea gratuita 145, habilitada por el Ministerio de Seguridad para alertar sobre situaciones de trata. La alerta apuntó a una finca ubicada en Cerrillos, dedicada a la producción porcina y al cultivo de tabaco y aceitunas. Con intervención de la Procuraduría de Trata de Personas (PROTEX) y de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), se concretó una inspección que detectó condiciones insalubres e irregularidades graves en el pago de haberes.
Durante la audiencia de formalización, los fiscales exhibieron fotografías de la finca y detallaron la situación de los 20 trabajadores hallados en el lugar, aunque la imputación recae sobre siete de ellos. Según la fiscalía, las remuneraciones no superan en general los 500.000 pesos, con jornadas excesivas y sin pago de horas extras, feriados ni domingos, y sin cobertura ante enfermedades o accidentes. Uno de los trabajadores sufrió una lesión en una pierna, no fue asistido y tuvo que ser trasladado por un familiar.
El Ministerio Público Fiscal describió además una maniobra habitual: el empresario registraba a los empleados como cosecheros de tabaco —con menor carga salarial— para luego destinarlos a la cría de cerdos ya la cosecha de aceitunas, reduciendo de manera fraudulenta el costo laboral. Como contrapunto, ARCA informó que el acusado registró ingresos superiores a los 600 millones de pesos en 2025 y una cifra similar en lo que va de 2026.
El juez fijó un plazo de seis meses para la investigación e impuso medidas coercitivas, entre ellas la prohibición de salida del país. Al declarar, el imputado rechazó los cargos: "Creo que no he cometido ningún delito, esto me pasa por ayudar a la gente", sostuvo.
Fuente: Infobae
