Siete causas judiciales apuntan a una presunta administración fraudulenta en Fadalex y Strand, proveedoras clave del alumbrado público bonaerense. El desastre supera los 15.400 millones de pesos.
Una planta ubicada en Villa Libertad, partido de San Martín, quedó en el centro de una disputa judicial que preocupa a intendentes y administradores de corredores viales. Allí funciona Fadalex SRL, que fabrica en exclusiva las luminarias LED que comercializa Strand SA, una de las empresas de alumbrado público con mayor presencia en la provincia de Buenos Aires.
Las denuncias no surgieron de competidores ni de organismos de control, sino de la propia familia propietaria. Tras la muerte del fundador, Hugo Manuel Caivano, en mayo de 2024, una rama minoritaria de herederos quedó desplazada de la conducción de ambas firmas y sostiene que ese corrimiento se concretó mediante actas de asamblea adulteradas. Una de ellas registra la presencia de Caivano en una reunión de directorio cuando, según los registros médicos aportados, estaba internado en terapia intensiva.
Los accionistas minoritarios señalan a Juan Abdul Luis Pizzani, sobrino del fundador, ya Mariana Elizabeth Caivano como quienes manejaban las cuentas, conducían las asambleas cuestionadas y firmaban cheques luego rechazados. Son acusación que la Justicia aún debe probar.
Según las auditorías forenses y el informe de un interventor judicial, entre 2024 y enero de 2026 la fábrica habría entregado suministros por un valor muy superior a lo que efectivamente cobró, con una diferencia que superaría los diez millones de dólares. Mientras tanto, Strand seguía facturando con normalidad a municipios y concesionarias. Los denunciantes hablan además de una "caja paralela" registrada en un cuaderno, depósitos en cuentas personales, pasajes al exterior pagados con fondos de la empresa y acuerdos laborales que consideran simulados.
El conflicto suma dos causas penales —una en la Justicia nacional y otra en el Departamento Judicial de San Martín— y cinco expedientes comerciales. En noviembre de 2025 se allanó la planta y se secuestró documentación contable. Ahora, una docena de municipios y concesionarias viales deberán entregar sus expedientes de contratación con Strand, que serán cruzados por un perito contador con la facturación y las cuentas de la empresa, mientras ARCA informará cuánto se le facturó a cada comuna.
Para varios intendentes, la pelea judicial ya se traduce en demoras en la provisión de los equipos LED que iluminan calles, avenidas y plazas del conurbano.


