La controversia por la soberanía de las Islas Malvinas y, sobre todo, por la explotación de sus recursos naturales atraviesa uno de sus momentos más tensos en décadas. Tras una escalada de declaraciones cruzadas, decretos y movimientos diplomáticos entre Buenos Aires y Londres, el conflicto tendrá esta semana como escenario a la Asamblea General de las Naciones Unidas.
En el centro de la disputa, además de la soberanía, aparece el petróleo. El proyecto Sea Lion, un yacimiento en aguas profundas ubicado a unos 220 kilómetros al norte del archipiélago, se convirtió en una preocupación central para el Gobierno argentino. Las autoridades británicas estiman ingresos por unos 2.000 millones de dólares en regalías a lo largo de 30 años.
La tensión creció luego de que, a comienzos de septiembre, el presidente estadounidense Donald Trump respondiera de manera ambigua ante una consulta sobre la soberanía del archipiélago: "Siempre reviso cada posición". La frase tuvo fuerte impacto diplomático y motivó una reacción inmediata del presidente Javier Milei, que la calificó como algo "muy fuerte respecto a la causa más importante y sagrada" de los argentinos.
El 3 de septiembre, mediante una cadena nacional, Milei formalizó un paquete de medidas: sanciones contra las empresas que exploten hidrocarburos en la zona sin autorización argentina, la ampliación del presupuesto de Defensa para construir una base naval en Tierra del Fuego y el envío al Congreso de un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. "Las Islas Malvinas son argentinas por historia y por derecho. No hay debate", afirmó, y declaró "sin validez" el referéndum de 2013.
Desde Londres, la respuesta reiteró la posición histórica británica: "La soberanía de las Islas Malvinas no está en cuestión". El secretario de Defensa del Reino Unido sostuvo que "las Malvinas son británicas porque los isleños eligieron ser británicos" e interpretó el discurso de Milei como un reflejo de la política interna argentina. El antecedente de una filtración del Pentágono, difundida en abril, había anticipado que Washington podría reconsiderar su apoyo diplomático a reclamos sobre "posesiones imperiales".
