PRIMICIA SANTOTOME-ONLINE: Un dictamen de la justicia que vuelve sobre un primer rechazo desde el Superior Tribunal de Justicia sobre el pedido de Procesamiento del exintendente peronista Mariano Garay por Enriquecimiento Ilícito, pero también expone: cuando la Justicia sí mira con rigor algunos casos.
Este Procesamiento llega a pocos días del escándalo que provocara la denuncia del arquitecto Oscar Lovera, quien era el Secretario de Obras Públicas del municipio de Santo Tomé, por agresión física del actual intendente Augusto Suaid (en su propio despacho), quien además tiene otras 3 denuncias en su contra por distintos presuntos delitos que, hasta el momento, no han sido esclarecidas.
El reciente dictamen judicial emitido en Santo Tomé, en una causa por presunto enriquecimiento ilícito, irrumpe como un golpe seco en un escenario donde la confianza pública ya venía erosionada. La resolución exhibe un andamiaje jurídico sólido, un análisis patrimonial minucioso y una narrativa judicial que, al menos en este caso, parece decidida a llegar hasta el final del proceso. Pero también deja al descubierto algo más profundo: la Justicia local no siempre despliega este nivel de rigor, y esa irregularidad es, en sí misma, un problema institucional.
Un caso que ya se investigó anteriormente.
El dictamen con fecha 04 de junio de 2026, avanza con una metodología que combina derecho penal, análisis económico y auditoría documental. Se examinan ingresos, movimientos patrimoniales, contratos, balances, testimonios y registros fiscales.
El mensaje implícito es claro: cuando la Justicia quiere, puede. Puede reconstruir trayectorias económicas, puede detectar inconsistencias, puede exigir explicaciones y puede avanzar sin titubeos.
La Justicia no solo debe ser imparcial: debe parecerlo. Y cuando la vara cambia de altura según el expediente, la confianza pública se resquebraja.
La ciudadanía observa. Y cuando observa, compara. Y cuando compara, detecta asimetrías.
Este dictamen no solo interpela al funcionario investigado. Interpela a la política local, que durante años naturalizó prácticas opacas. Interpela a la ciudadanía, que reclama transparencia pero a veces tolera la discrecionalidad. E interpela, sobre todo, a la propia Justicia, que debe decidir si este caso será un punto de inflexión o apenas un episodio aislado.
Porque la credibilidad institucional no se construye con un dictamen, sino con coherencia sostenida. Y en Santo Tomé, esa coherencia todavía está en deuda.
A todo esto, la defensa del exconcejal e intendente de Santo Tomé Mariano Garay tiene 10 días de plazo para Apelar la resolución de la jueza Sara Durand, que va por un segundo intento de que quede firme el procesamiento de Garay, ya que en poco tiempo se cumplirá un año desde que el STJ emitió un fallo que anuló el primer pedido de procesamiento solicitado por la magistrada de esta ciudad.
En el final de dictamen decía:
RESUELVO: 1) Disponer el PROCESAMIENTO del imputado MARIANO BENIGNO GARAY –filiado en autos– por considerar “prima facie” incurso su accionar en el delito de ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO, previsto y penado por el art. 268 inc. 2), primer y segundo párrafo del CP, como autor material del mismo.
2) Decretar la PRISIÓN PREVENTIVA de MARIANO BENIGNO GARAY, conforme al art. 308 del C.P.P., la que NO se hará efectiva por no existir peligro procesal ni de fuga ni de entorpecimiento de la investigación.
Hace un año Mariano Garay daba su versión de los hechos en fm bunker, sobre esta denuncia que pesaba en su contra.
