La provincia de Corrientes atraviesa un delicado escenario financiero marcado por el sobregasto del último año electoral y una creciente tensión con los municipios. Según informó el medio El Destape, el gobierno provincial busca evitar un default mediante la colocación de bonos de deuda a través del Banco de Corrientes.
El mecanismo de financiamiento indirecto se implementa en un contexto donde la Nación mantiene una deuda con Corrientes de 142 millones de pesos, sin contar lo acumulado en 2025. Fuentes cercanas al Congreso nacional señalan que "Corrientes es el caso testigo de cómo el presidente Javier Milei envía dinero de manera indirecta, comprando deuda a través de los bancos provinciales".
El desequilibrio fiscal responde al fuerte gasto que implicó la campaña electoral por la gobernación, cuando el ex gobernador Gustavo Valdés impulsó la llegada de su hermano a la conducción provincial.
Impacto en los municipios
El ajuste comienza a sentirse con fuerza en las intendencias. Desde la oposición política aseguran que la reducción en el envío de fondos provinciales afecta incluso a comunas gobernadas por dirigentes afines al oficialismo.
Un informe del Ministerio de Hacienda de la Nación señaló un déficit acumulado de 180.000 millones de pesos en los últimos tres trimestres en las cuentas provinciales, reforzando las advertencias sobre la fragilidad fiscal.
De los 74 municipios que integran Corrientes, más de 60 pertenecen al espacio Vamos Corrientes, y varios enfrentan la necesidad de leer sus presupuestos tras excederse en sus finanzas durante el año electoral.
Obras y eventos suspendidos
La restricción de recursos también impactó en la obra pública provincial y alcanzó a eventos masivos y festivales históricos, que debieron ser suspendidos por decisión del gobierno de Gustavo Valdés.
Además, el recorte de programas nacionales se considera clave para la contención social suma presión sobre la provincia, cuyos efectos comienzan a ser absorbidos por la propia administración local.
A pesar de respaldar la mayoría de los proyectos impulsados por la administración nacional, el gobierno correntino aún no obtiene definiciones favorables en cuestiones sensibles como el financiamiento de obra pública paralizada y la situación del Instituto de Previsión Social.
