Dos frentes críticos marcan la agenda del gobierno provincial del gobernador Juan Pablo Valdés durante esta semana: la paralización de obras públicas estratégicas y los recortes en los comedores escolares que obligaron a docentes y familias a organizar colectas solidarias para sostener la alimentación de los estudiantes más vulnerables en el interior correntino.
En materia de infraestructura, la situación más urgente es la Autovía de la Ruta Nacional 12, obra estratégica para la provincia que permanece paralizada hace meses por deudas del Estado nacional. El propio gobernador reconoció que la obra está neutralizada, aunque expresó cierto optimismo sobre una posible reanudación una vez que Nación termine de regularizar sus deudas. Tampoco avanza la planta de tratamiento de líquidos cloacales, cuya paralización afecta a miles de vecinos. El gobierno también presentó una impugnación al proyecto del Corredor Belgrano por excluir tramos vitales para la capital correntina, particularmente el trecho de la avenida 3 de Abril, sin que hasta el momento haya logrado revertir la decisión.
En el área educativa, el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Corrientes (SUTECO) presentó una nota formal ante la ministra de Educación provincial, Ana Miño, denunciando la suspensión de raciones alimentarias y la reducción de partidas para comedores escolares en distintas localidades del interior. La crisis llegó al punto en que docentes y directivos comenzaron a organizar colectas de alimentos para cubrir el déficit que dejó el ajuste provincial. Mientras tanto, maestras rurales deben viajar 'a dedo' para llegar a sus escuelas por la falta de transporte.
El contexto es alarmante: según datos sindicales y organismos de seguimiento educativo, entre 2024 y 2026 la inversión en educación obligatoria sufrió una caída real del 76,5%, afectando programas de becas, infraestructura y tecnología. La oposición provincial exige al gobernador Juan Pablo Valdés que abandone la lógica del ajuste y priorice el gasto social, advirtiendo que la provincia paga el costo de una política fiscal que penaliza a los sectores más humildes.
