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29-07-2026

Introducción

El Sindicato de Trabajadores Judiciales de Corrientes (SITRAJ) se declaró en estado de alerta y movilización ante la grave situación que se vive en el Poder Judicial de la provincia. La razón del conflicto es concreta: el Ministerio de Hacienda del gobierno provincial habría comenzado a maniobrar para frenar el pago del aumento salarial del 6% pactado para abril, en lo que el gremio califica como una flagrante violación del Acuerdo Extraordinario N° 02/2026. El propio gobernador Juan Pablo Valdés encendió las alarmas al advertir que el cumplimiento del acuerdo “generaría un déficit de 48 mil millones de pesos”, dejando en el aire el destino del salario de cientos de trabajadores judiciales correntinos.

Trabajadores judiciales en protesta en Corrientes
Trabajadores judiciales en alerta ante el incumplimiento del gobierno provincial. Imagen ilustrativa.

El acuerdo que el gobierno intenta desconocer

El Acuerdo Extraordinario N° 02/2026 fue suscripto por el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Corrientes y reconoce una recomposición salarial del 6% a cobrar en abril de 2026. Este acuerdo fue el resultado de meses de negociaciones y se firmó con la anuencia de todas las partes involucradas. Sin embargo, desde el Ministerio de Hacienda provincial comenzaron a circular versiones de que el pago podría no concretarse, invocando dificultades financieras.

Ante esta situación, el SITRAJ presentó una nota formal al presidente del STJ, Guillermo Semhan, exigiendo que el tribunal “agote gestiones y recursos” para garantizar el cumplimiento del acuerdo. El sindicato fue claro: el aumento salarial pactado “sigue firme” legalmente y no puede ser desconocido unilateralmente por el Ejecutivo provincial.

Las declaraciones del gobernador que encendieron la mecha

El gobernador Juan Pablo Valdés sorprendió a propios y extraños al hacer públicas sus dudas sobre la viabilidad del pago. En declaraciones que causaron indignación en el sector judicial, el mandatario advirtió que cumplir con el 6% pactado “impactaría de forma crítica en las arcas públicas, provocando un desbalance financiero de 48 mil millones de pesos”.

Si bien Valdés reconoció la autonomía del Poder Judicial, fue tajante al señalar que la viabilidad del pago depende “exclusivamente de las conversaciones con el Ministerio de Hacienda”. Esta postura coloca al Ejecutivo provincial como un actor que no solo no acompaña al Poder Judicial en el cumplimiento de sus obligaciones, sino que activamente dificulta la liquidación de salarios convenidos.

Un patrón de conflictos salariales que se repite

No es la primera vez que el gobierno de los Valdés enfrenta una crisis de este tipo. A comienzos de 2026, una mala liquidación de los sueldos docentes provocó una crisis política que terminó con la salida del ministro de Hacienda, Marcelo Rivas Piasentini, quien ocupaba el cargo desde hacía cinco años. Los docentes salieron a la calle exigiendo la renuncia de la ministra de Educación, Ana Miño. El gobernador debió ordenar la devolución de los montos descontados y realizar cambios en el gabinete como medida de “control de daños”.

Esta sucesión de conflictos salariales revela una gestión provincial que no prioriza el cumplimiento de los compromisos con sus trabajadores. La pregunta que se instala en la ciudadanía correntina es si se tratará de un patrón sistemático o de errores aislados de gestión.

El reclamo de los trabajadores judiciales: dignidad y derechos adquiridos

Los trabajadores judiciales de Corrientes han dejado en claro que no van a resignar sus derechos salariales conquistados. Desde el SITRAJ advierten que en caso de no concretarse el pago del 6%, estarán en condiciones de escalar las medidas de fuerza. La situación genera una tensión institucional inusual entre dos poderes del Estado provincial: el Ejecutivo y el Judicial.

Los ciudadanos correntinos esperan que el gobierno del gobernador Valdés asuma su responsabilidad en lugar de trasladarla al Poder Judicial. Un Estado que no puede garantizar el pago de los salarios que él mismo contribuyó a acordar es un Estado que ha perdido la confianza de sus trabajadores, y esa desconfianza tiene consecuencias que van mucho más allá de un simple porcentaje de aumento.

Fuentes: Perfil NEA (15 y 16/04/2026) | Letra P (26/03/2026) | SITRAJ Corrientes

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