El euro nació con unas normas fiscales tan duras que nunca se aplicaron. Dicen las malas lenguas en Bruselas que el conocido como Pacto de Estabilidad y Crecimiento no generaba ni lo uno ni lo otro, porque era una camisa de fuerza igual para todos, fuera su deuda del 70% o del 140% del PBI, fuera su rojo fiscal del 4% o del 10%.
Nunca funcionó y cuando se incumplió y se tuvieron que imponer multas, eran políticamente tan tóxicas y económicamente tan contraproducentes que se olvidaron. Llegada la pandemia, la Comisión Europea metió esas normas fiscales en un cajón porque sus objetivos eran demasiado ambiciosos, su funcionamiento demasiado complejo y su aplicación sujeta a decisiones políticas.
El Pacto incumplió sus principales objetivos: no evitó que las deudas crecieran muy por encima del 60% en muchos países, no fomentó el crecimiento económico ni las inversiones para elevar el potencial de crecimiento de las economías y provocó un retraso inversor con respecto a China y Estados Unidos que todavía paga la economía europea. Aquellas normas preveían que los gobiernos redujeran cada año una veinteava parte de la deuda que superara el 60% del PBI.
Si se aplicara ahora tal y como está y se forzara a reducir cada año una veinteava parte de la deuda que supera el 60% del Producto Bruto de España o Francia tendrían que hacer un ajuste anual de 2,6 puntos de PBI. Portugal de más de un 3%, Italia de casi un 4% y Grecia de un 5,5%. Con la reforma será de un punto.
En abril pasado la Comisión Europea hizo una propuesta de reforma que aumentaba la flexibilidad, tenía en cuenta la situación de cada país y buscaba que la reducción de los rojos fiscales fuera creíble y posible. Sobre esa propuesta empezó a trabajar en julio la Presidencia española del Consejo de la UE. Nadie esperaba que en seis meses fuera a conseguir un acuerdo y todos esperaban ya que en 2024 se volviera a la inútil normativa anterior.
Pero este miércoles la ministra española de Economía, Nadia Calviño (que dejará el gobierno en semanas para asumir la presidencia del Banco Europeo de Inversiones), consiguió cerrar un pacto a 27.
Las nuevas reglas
La reforma hará que los gobiernos deban mantener una senda fiscal que lleve la deuda pública por debajo del 60% del PBI y el déficit público por debajo del 3%, pero cada país lo hará a partir de acuerdos bilaterales con la Comisión Europea que tendrán en cuenta no sólo ajustes sino también reformas estructurales.
Esos planes durarán entre cuatro y siete años y llevarán reformas ligadas a objetivos fiscales. Y, al contrario que en las normas anteriores, serán contracíclicos. A cambio de aflojar la camisa de fuerza que preveía el original Pacto de Estabilidad y de hacer una receta para cada enfermo y no repartir la misma dosis de paracetamol a todos, sin fiebre, con 38 o con 40 grados, Bruselas pone condiciones: el déficit público debe bajar un 0,4% cada año hasta que esté por debajo del 3%.
La deuda pública de 1 punto de PBI para los países cuya deuda supere el 90% del PBI y de 0,5 puntos para los que la tengan entre el 90% y el 60% del PBI. Por debajo del 60% la reducción no es obligatoria.
