El presidente Javier Milei firmó un decreto que reforma el sistema de inteligencia argentino, otorgando mayores poderes a los agentes de la SIDE. Entre las principales modificaciones, los espías podrán detener personas sin orden judicial previa. El Gobierno defiende la medida como una modernización necesaria, mientras que la oposición y expertos en derechos humanos alertan sobre la creación de una "policía secreta" que amenazaría las libertades individuales.
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El decreto de necesidad y urgencia fue publicado el primer día de 2026 y entró en vigor de inmediato. La normativa modifica el régimen de inteligencia sin pasar por el Congreso Nacional, una decisión que Milei ya había tomado anteriormente durante su gestión.
La reforma confirma a la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) como cabeza del sistema y crea nuevas agencias de contrainteligencia y ciberinteligencia. El decreto especifica que todas las actividades de inteligencia nacional tendrán carácter encubierto debido a su sensibilidad.
Uno de los aspectos más controvertidos es que el personal de inteligencia podrá proceder a la aprehensión de personas en el marco de actividades de inteligencia, auxilio judicial o delitos en flagrancia, incluso sin orden de un juez. Además, la SIDE podrá requerir asistencia de las fuerzas armadas y de seguridad cuando lo considere necesario.
Organizaciones como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) calificaron la reforma como inconstitucional y peligrosa. Desde el kirchnerismo, el exinterventor de la SIDE Agustín Rossi advirtió que el decreto transforma a los agentes en una policía secreta. Los legisladores opositores exigen que el Congreso rechace el decreto y que cualquier reforma se realice mediante una ley con debate previo.
