La ministra Pettovello realizó una investigación interna y un director admitió irregularidades en contratos firmados por el despedido secretario de Niñez y Familia con una ONG. El escándalo ya tuvo derivaciones políticas. Y en Casa Rosada crecen las sospechas.
La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, estuvo durante varias horas frente un funcionario de tercer nivel del súper organismo que creó Javier Milei en su objetivo por achicar la burocracia, reducir el Estado y abarcar en un solo lugar las políticas de contención, salud y trabajo. Lo interrogó respecto a lo que había trascendido periodísticamente sobre la existencia de un circuito ilegal de recaudación política mediante contratos con una ONG internacional. El funcionario respondía evasivas, pero la información que lo salpicaba era tan precisa que terminó confesando y apuntando contra su superior jerárquico. Fue entre el lunes y el martes y el miércoles el caso terminó en la Oficina Anticorrupción y ayer, con más pruebas, todo terminó en la Justicia.
El principal acusado es Pablo De la Torre, quien fue hasta el jueves secretario de Niñez, Adolescencia y Familia, virtual número dos del súper Ministerio y hermano menor de Joaquín De la Torre, un ex intendente de San Miguel y baqueano del poder del conurbano bonaerense. El ahora ex funcionario había sido despedido en medio de otro escándalo que atravesó a Capital Humano, relacionado con alimento acopiado en galpones que se descubrió que están a días de llegar a su vencimiento. Mientras sotto voce se hablaba de los contratos sospechosos, la dimensión del hallazgo de leche y harina a punto de quedar no apto para el consumo se llevó la razón principal del despido.
El mismo jueves Infobae destacó que en la Casa Rosada se desvinculó el desplazamiento del tema de la comida. “No fue por los alimentos que lo echaron. El malestar venía de antes y aparecieron hechos graves que hicieron tomar la decisión”, sugirió un funcionario con despacho cerca de Milei. En la conferencia matutina del viernes, Manuel Adorni, como vocero presidencial, fue un paso más allá, pero sin echar luz del todo sobre lo que había ocurrido: “Hay una denuncia que impulsa la ministra Pettovello, porque es lo que corresponde ante una persona que efectivamente transmitió falta de transparencia en determinadas cuestiones. Hace la denuncia ante la Oficina Anticorrupción y no nos entrometemos más en ese proceso. Cuando efectivamente haya un avance se los vamos a estar comunicando. Somos respetuosos de todas las partes, de todos los involucrados, que no solo es De la Torre”.
Y el avance ocurrió este viernes. Este medio adelantó que efectivamente el Gobierno había tomado la decisión de ir a la Justicia para denunciar penalmente a De la Torre, por la supuesta creación de un sistema de recaudación política ilegal montado en torno a contratos firmados con la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI). Esta ONG tiene convenios marco de cooperación vigentes con el gobierno argentino que vienen de gestiones anteriores para asesoramiento y servicios.
La OEI recibió este año cerca de mil millones de pesos por acuerdos firmados por el propio De la Torre y éste a su vez habría entregado al menos 100 nombres para hacerlos figurar como contratados. Lo que la Justicia deberá investigar -la causa se va a sortear el viernes en el fuero federal, en Comodoro Py- es cuántos de ese centenar eran contratos reales, si hubo identidades fraguadas y si, del monto que figuraba en esos contratos, había una retención compulsiva, un peaje o un “aporte voluntario” del contratado.
