El Gobierno deberá convocar a sesiones extraordinarias pero todavía no tiene asegurado el apoyo de sus principales aliados, como el PRO y la UCR, que se han manifestado en contra de suprimir las primarias.
La Casa Rosada envió al Congreso dos proyectos de ley para eliminar las PASO, modificar el sistema de financiamiento de las campañas electorales y reformar el sistema de partidos. Dado que la semana que viene termina el período de sesiones ordinarias, se descarta que el oficialismo convocará a extraordinarias para lograr su aprobación durante el verano. El panorama es complejo porque el PRO y la UCR, habituales aliados de los libertarios, anticiparon que no están de acuerdo con la eliminación de las primarias y del financiamiento público de las campañas.
El proyecto oficialista propone una “reforma para el fortalecimiento electoral” que busca principalmente “reducir el gasto público en actividades políticas” y “transparentar el régimen de financiamiento”. La iniciativa pretende, además de la eliminación de las PASO, devolver “a los partidos políticos un ámbito de libertad para el ejercicio de sus actividades”, liberando a la sociedad de financiar un proceso electoral que, según el oficialismo, “no cumple con las finalidades para las que fue establecido”.
Según estadísticas del ex Ministerio del Interior y de la Cámara Nacional Electoral, desde la sanción de la Ley N° 26.571, que introdujo las PASO, la participación electoral ha bajado casi diez puntos porcentuales desde 2011, cuando fue de un 78,67%, hasta el 2023, que registró solo un 69%.
La eliminación de las PASO, aseguran, devolvería a los partidos políticos la “libertad de definir sus mecanismos internos” de selección de candidatos sin la injerencia del Estado. También se acortará el cronograma electoral ya que las campañas comenzará 60 días antes de las elecciones y terminarán 48 horas antes del comicio.
Financiamiento de los partidos.
En cuanto al financiamiento político, el proyecto plantea modificar la Ley N° 26.215 para que las campañas electorales dejen de ser financiadas prácticamente en su totalidad por el Estado y se abra paso al financiamiento privado, con “controles más estrictos” para garantizar su transparencia.
En concreto, se eliminarían los aportes públicos extraordinarios para campañas y boletas, dejando solo un aporte anual a través del Fondo Partidario Permanente. Estos aportes se repartirán de la siguiente manera:
-20% del aporte público anual será repartido en partes iguales entre todos los partidos políticos reconocidos.
-80% será asignado de manera proporcional a los votos obtenidos por cada partido en la última elección de diputados nacionales, siempre que haya superado al menos el 1% del padrón electoral.
El monto total de los recursos surgirá de la multiplicación del módulo electoral -que se actualizará a un valor de $420,95- por la cantidad de electores registrados al 31 de diciembre del año anterior.
