El Gobierno publicó un edicto en el Boletín Oficial para que los profesionales del practicaje retomen sus tareas, bajo advertencia de sanciones y denuncias penales. La medida de fuerza responde al decreto de desregulación 690/2026.
El conflicto por la desregulación del servicio de practicaje escaló este martes: el Gobierno oficializó mediante un edicto publicado en el Boletín Oficial la intimación a más de 500 trabajadores de los servicios de practicaje y pilotaje de todo el país para que retomen de inmediato sus actividades.
La medida responde al paro por tiempo indeterminado iniciado por los profesionales que guían a los buques durante las maniobras de ingreso y salida en ríos, canales y puertos. Según fuentes del sector, el comercio exterior quedó "totalmente paralizado": toda la carga de granos, combustibles y otras mercaderías permanece detenida en las terminales portuarias.
La Prefectura Naval Argentina ordenó a 536 profesionales de la rama que pongan sus servicios a disposición de manera inmediata, bajo advertencia de sanciones disciplinarias y eventuales denuncias penales. El texto oficial cita el artículo 190 del Código Penal, que prevé penas de dos a ocho años de prisión para quien ponga en peligro la seguridad de una nave, y el artículo 194, que sanciona con tres meses a dos años a quien entorpezca el normal funcionamiento de los transportes por agua.
La norma en discusión es el Decreto N° 690/2026, impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que reemplaza un régimen vigente desde 1991. La nueva reglamentación crea un registro abierto de profesionales bajo administración de Prefectura, permite a los usuarios elegir libremente a sus prestadores, elimina barreras de ingreso, asigna a la Agencia Nacional de Puertos y Navegación la facultad de fijar tarifas máximas y obliga a publicar los precios del servicio. También suprime la segmentación geográfica que obligaba a cambiar de profesional durante un mismo trayecto y amplía los casos en que ciertos buques quedan exceptuados de contratar el servicio.
Los prácticos acordaron no asistir a ningún buque, argentino o extranjero, hasta que el Ejecutivo suspenda o derogue la norma.
Las consecuencias fueron inmediatas. El Centro de Navegación, cámara que agrupa a las agencias marítimas responsables de más del 80% de las cargas del comercio exterior argentino, informó que al menos 140 buques quedaron pendientes de confirmación del servicio. La entidad advirtió sobre pérdidas millonarias en divisas, incumplimiento de contratos y riesgo de saturación en la capacidad de almacenamiento de las plantas productivas. Varias operaciones ya fueron redireccionadas al puerto de Montevideo y a terminales del sur de Brasil.
La Cámara Argentina de Energía, por su parte, informó que las operaciones de todas sus empresas asociadas quedaron interrumpidas, con riesgo de complicaciones en el abastecimiento de combustible. Entre los muelles afectados figuran Campana, Dock Sud, Arroyo Seco, Bahía Blanca, San Lorenzo, Santa Cruz y Caleta Córdova, por donde se distribuyen nafta, gasoil, fuel oil y crudo hacia las refinerías del país.
Entre las operaciones suspendidas se encuentra la del buque de transporte pesado White Marlin, necesario para tareas del proyecto Vaca Muerta Oil Sur, el oleoducto que conectará la cuenca neuquina con la costa rionegrina. La embarcación permaneció fondeada fuera del puerto al no contar con un práctico para ingresar.
Fuente: Infobae
