El decreto 612, que corrigió los alcances de la reglamentación de la reforma laboral, comenzó a producir el efecto que buscaba el Gobierno: se reactivó la rediscusión de alrededor de 800 convenios colectivos de trabajo que estaba frenada por la renuencia de empresarios y dirigentes gremiales.
El conflicto se había originado el 1° de junio, cuando la publicación en el Boletín Oficial del decreto 407, que reglamentó la Ley 27.802 de Modernización Laboral, incorporó dos puntos que, según los sindicatos, ponían en jaque el financiamiento gremial. Por un lado, cambiaba la base de cálculo de las cuotas solidarias: mientras la ley establecía un tope del 2 por ciento de las remuneraciones, la reglamentación lo limitaba al salario básico convencional, una fórmula que reducía el volumen de esos montos. Por otro, extendía ese mismo techo del 2 por ciento a los aportes y contribuciones patronales destinados a fines sociales, asistenciales, previsionales o culturales.
El resultado fue una oleada de presentaciones judiciales de sindicatos y, sobre todo, la paralización de las negociaciones. Las intimaciones enviadas a principios de junio por el secretario de Trabajo, Julio Cordero, para actualizar los convenios vencidos no obtuvieron respuesta positiva. Ese escenario aceleró las conversaciones reservadas entre el Gobierno y la CGT, que se concretaron tras la designación de Diego Santilli como jefe de Gabinete.
El decreto 612 estableció que la base de cálculo para el límite del 2 por ciento no se reduce al salario básico, sino que también incluye todas las sumas remunerativas normales y habituales de origen convencional que el trabajador cobra cada mes. Además, excluyó del tope a los aportes y contribuciones empresariales destinados a fines sociales, asistenciales, previsionales y culturales, cruciales para el financiamiento sindical.
Con ese cambio, según señalaron a la prensa fuentes oficiales, todos los sectores volvieron a negociar, tanto los que tienen convenio de empresa como los de actividad. Todavía no se presentó ningún convenio actualizado ante la Secretaría de Trabajo, pero varias ramas manifestaron intención de avanzar. En la Casa Rosada afirmaron que el sector petrolero ya trabaja en modificaciones y que en Comercio el sindicato que conduce Armando Cavalieri y las cámaras iniciaron conversaciones extraoficiales, aunque las tratativas están trabadas por diferencias con los supermercados.
En paralelo, los gremios empezaron a aceptar la baja de las cuotas solidarias para adecuarse al tope legal. SMATA, que tenía uno de los descuentos más altos con un 4 por ciento de la remuneración bruta, analizaría respetar el 2 por ciento para los no afiliados y mantener el 4 por ciento como cuota de afiliación. Camioneros negocia en reserva una reducción de aportes, mientras que la UOCRA ya se había alineado al tope antes del nuevo decreto.
Aún es incierto si el avance de las paritarias permitirá extender otras herramientas que trajo la Ley 27.802, como el llamado salario dinámico, incorporado en el acuerdo del personal doméstico, o el banco de horas, pactado en la empresa Mirgor con el aval de SMATA.
Fuente: Infobae
