El tratamiento del Presupuesto en el Congreso quedó envuelto en fuertes cuestionamientos por el recorte proyectado en Educación, lo que amenaza con trabar la aprobación de la ley y obligar al Gobierno a rediseñar su estrategia fiscal.
En el tramo final del año legislativo, el proyecto de Presupuesto nacional abrió una pulsada inesperada por el alcance del ajuste en el área de Educación, un punto que generó alarma en bloques opositores y en gobiernos provinciales que señalan el riesgo de desfinanciar programas clave. El artículo que concentra las críticas fija un recorte en partidas vinculadas a infraestructura escolar, universidades y fondos de compensación destinados a las jurisdicciones con menor capacidad de recaudación propia.
Las negociaciones se intensificaron en las últimas 24 horas, con reuniones entre el Ministerio del Interior, legisladores y gobernadores que reclaman garantizar previsibilidad en el envío de recursos para salarios docentes y becas estudiantiles. En paralelo, sindicatos educativos y organizaciones estudiantiles comenzaron a organizar acciones de protesta, advirtiendo que un fuerte ajuste puede traducirse en deterioro de la calidad educativa, suspensión de obras y mayor desigualdad territorial.
Desde el oficialismo argumentan que el Presupuesto busca consolidar la baja de la inflación, reducir el déficit y ordenar las cuentas públicas, sosteniendo que el esfuerzo es transitorio y que la prioridad es estabilizar la macroeconomía. No obstante, algunos aliados parlamentarios insisten en que es posible lograr equilibrio fiscal sin recortar de forma tan agresivas áreas sensibles como educación, ciencia y programas sociales atados a la niñez y la adolescencia.
Si el Gobierno no logra los votos necesarios, la ley podría volver a Diputados o incluso postergarse, generando incertidumbre sobre el rumbo fiscal del año próximo. El desenlace de esta discusión se vuelve central no solo para la planificación de las provincias, sino también para la señal que se envía a los mercados respecto de la capacidad política de la administración nacional para sostener su programa económico sin romper puentes con actores clave.
