El femicidio de Agostina Vega volvió a colocar en el centro del debate público el problema estructural de la violencia de género en Argentina y el rol del Estado en la prevención, la asistencia y el acceso a la justicia para las víctimas.
Organizaciones feministas y de derechos humanos reclamaron la plena aplicación de las leyes vigentes y una mayor articulación entre la Justicia, los organismos de seguridad y las áreas de género de las provincias y municipios.
Desde los organismos oficiales se insiste en la importancia de utilizar los canales institucionales de denuncia y acompañamiento, como las líneas telefónicas gratuitas, las fiscalías especializadas y los programas de patrocinio jurídico para víctimas de violencia de género.
Además, se destaca la necesidad de fortalecer los sistemas de alerta temprana, el seguimiento de denuncias previas y la capacitación permanente de los agentes estatales que intervienen en estos casos.
El caso Agostina se suma a otros femicidios recientes que han generado conmoción social y masivas movilizaciones, con consignas que exigen “Ni una menos” y “basta de violencia machista”.
En este contexto, distintas áreas del Estado nacional y provincial reiteraron su compromiso de avanzar en políticas públicas integrales que incluyan prevención, educación con perspectiva de género, asistencia a víctimas y sus familias, y sanción efectiva a los agresores.
