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28-07-2026

El proceso oral y público por la desaparición de Loan Danilo Peña ingresó en una etapa de alta sensibilidad política y judicial. Tras dos semanas de audiencias, el debate no solo busca esclarecer los hechos ocurridos en el paraje Algarrobal, sino también desentrañar las redes de poder y las maniobras que rodearon la investigación inicial, sumergiendo al caso en una compleja trama institucional.

El Tribunal y el desarrollo del juicio

El Tribunal está integrado por los magistrados Fermín Amado Ceroleni (Corrientes), Simón Pedro Bracco (General Roca), Eduardo Ariel Belforte (Formosa) y Enrique Jorge Bosch (Resistencia, Chaco), quien actúa como juez sustituto. En paralelo, el Tribunal Oral compuesto por Federico Rossi Colombo, Pablo Núñez y Valeria López escuchó esta semana las declaraciones de dos acusados, en un contexto marcado por contradicciones y estrategias defensivas que no lograron aportar claridad al caso.

 

Declaraciones y estrategias

El primero en declarar fue Alan Cañete, quien intentó desligarse de las acusaciones alegando haber actuado bajo una “misión de búsqueda” autorizada por Ramón Dupuy, abuelo del niño asesinado Lucio Dupuy. Cañete presentó imágenes para respaldar su versión, buscando dotar su relato de legitimidad y solidaridad, aunque sin despejar las dudas sobre su verdadera participación.

Por su parte, Valeria López, quien se presentó como técnica superior en psicopedagogía y operadora en violencia de género —sin contar con los títulos habilitantes—, optó por una estrategia de silencio selectivo. Se limitó a relatar su llegada a Corrientes, convocada por Cañete para brindar “contención” a menores alojados en el hotel Despertar del Iberá. Su testimonio dejó interrogantes sobre el financiamiento del viaje, ya que aseguró haberlo costeado personalmente, con la promesa de un reembolso que nunca se concretó. Este detalle alimenta las sospechas sobre los verdaderos financiadores de los equipos que se movilizaron tras la desaparición.

Un proceso cargado de tensión

La semana cerró con incertidumbre, luego de que otros implicados desistieran de declarar y el Tribunal rechazara las nulidades presentadas por las defensas. El próximo 30 de junio se espera la declaración de los padres de Loan, jornada que promete ser la más emotiva del proceso.

A medida que avanza el juicio, crece la percepción de que para hallar la verdad sobre Loan será necesario desentrañar una red de intereses y presiones que ha intentado ocultar la realidad tras declaraciones oficiales y maniobras políticas.

 

La citación a Elisa Carrió: política en el estrado

El Tribunal también decidió citar a Elisa “Lilita” Carrió, exlíder de la Coalición Cívica, a pedido de la abogada Mónica Chirivín, defensora de Laudelina Peña. La convocatoria surge de un intercambio en la red social X (ex Twitter), donde el entonces gobernador Gustavo Valdés había publicado: “Se ha dado un gran paso en la resolución del Caso Loan”. Carrió respondió con una frase que resonó en el ámbito político: “A alguien había que quebrar”. El Tribunal busca que la exdiputada ratifique o explique esa afirmación bajo juramento, en el marco de una investigación que intenta determinar si existieron presiones indebidas o direccionamientos políticos para acelerar la resolución del caso.

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