La crisis docente en Corrientes tuvo un desenlace político contundente: el gobernador Juan Pablo Valdés le solicitó la renuncia al ministro de Hacienda y Finanzas, Marcelo Rivas Piasentini, el jueves 26 de marzo de 2026. La decisión llegó luego de que el escandalóso manejo de la liquidación de sueldos docentes de marzo generara una oleada de protestas sin precedentes en toda la provincia.
El detonante fue la aplicación de descuentos de entre 400.000 y 800.000 pesos a los haberes de los trabajadores de la educación, vinculados a los códigos 193 y 632 del denominado Fondo Compensador y el Complemento Docente Provincial. Según trascendió, algunos descuentos incluso alcanzaron a docentes que no habían adherido a las medidas de fuerza, lo que profundizó aún más la bronca del sector.
El propio gobernador Valdés salió a la prensa a reconocer el error, argumentando que "su gobierno está empezando" y que la situación fue fruto de una mala liquidación. Al hacer pública la salida del funcionario, Valdés prometió la restitución de los montos descontados y encargó al Ministerio de Hacienda y a la Dirección de Personal que el reintegro se hiciera efectivo en los próximos días.
El nuevo ministro de Hacienda y Finanzas designado para reemplazar a Rivas Piasentini es Héctor Ricardo Grachot, quien recibió el juramento del cargo ante el propio gobernador. El nombramiento se produjo en un contexto de máxima urgencia, con el gobierno provincial buscando recuperar credibilidad frente a un sector docente indignado y un conjunto de otros estatales que amenazaban con ampliar el conflicto.
El origen de la crisis se remonta al 2 de marzo, primer día del ciclo lectivo 2026, cuando los gremios SUTECO, AMET y ACDP convocaron a un paro en reclamo de mejoras salariales. Ante la alta adhesión —que en el interior provincial llegó al 100%—, el gobierno decidió descontar los días no trabajados, pero en la liquidación se incurrió en errores que afectaron a docentes que sí habían asistido a sus establecimientos.
Antes de la caída de Rivas Piasentini, la ministra de Educación, Ana Miño, había anunciado el 22 de marzo la restitución del Complemento Docente Provincial a partir del 25 de marzo. Sin embargo, la medida no alcanzó a calmar los ánimos: la reposición era parcial y no abordaba el reclamo de fondo sobre la insuficiencia del aumento salarial del 6%. Docentes autoconvocados y gremios exigieron además la renuncia de la propia ministra Miño, a quien cuestionaron por contradicciones públicas sobre los descuentos y la cantidad de días de paro computados.
La caída del ministro de Hacienda fue interpretada por los gremios docentes como una admisión de culpa pero no como una solución. En declaraciones a medios locales, dirigentes de SUTECO confirmaron que el objetivo siguiente será la derogación del aumento del 6% y la habilitación de una paritaria real, donde el primer reclamo es un salario inicial superior a la línea de pobreza, estimada actualmente en 1.300.000 pesos según el ISEPCi.
Para contextualizar la gravedad de la situación, el secretario general de SUTECO, Fernando Ramírez, recordó en reiteradas oportunidades que el aumento del 6% al salario básico representaba apenas unos 12.000 pesos, y que con ese incremento, el salario inicial de un docente correntino continúa por debajo de la canasta básica total, situación que para los gremios es "inaceptable".
Al cierre de la semana del 28 de marzo, la nueva conducción del Ministerio de Hacienda aún no había presentado una propuesta concreta ante los sindicatos, mientras las movilizaciones continuaban en toda la provincia y la presión social sobre el Ejecutivo no amainaba.
Fuentes: Infobae, El Destape, Letra P, El Litoral, FM Impacto 107.
