Mientras el Gobierno provincial defiende un esquema de aumentos salariales moderados y habla de “orden” en las cuentas, la realidad muestra provincias endeudadas, caída de recursos por inflación y la necesidad de adelantos de coparticipación para evitar mayores conflictos sociales, en un contexto donde Corrientes vuelve a estar en la lista de distritos asistidos.
La discusión por los salarios docentes en Corrientes no puede separarse del contexto económico más amplio de la provincia y del país. Pese al mensaje oficial de equilibrio fiscal, distintos informes y decisiones del Gobierno nacional revelan que las cuentas provinciales están bajo presión, con caída real de transferencias automáticas y necesidad de adelantos de coparticipación para varias jurisdicciones, entre ellas Corrientes.
El Gobierno de Javier Milei anunció recientemente un fondo de 400.000 millones de pesos en adelantos de coparticipación para al menos doce provincias, incluyendo Corrientes, con el objetivo de evitar que la crisis derive en conflictos sociales más profundos. Se trata de recursos que las provincias deberán devolver con intereses, y que reconocen, de hecho, que los distritos no logran sostener sus compromisos cotidianos solo con la recaudación y los envíos ordinarios.
En paralelo, datos oficiales muestran que, a pesar de ciertos incrementos puntuales en inversión real directa y transferencias de capital a Corrientes, la inflación erosiona el poder de esos fondos. Informes recientes señalan que el total de recursos enviados a las provincias registró una caída real superior al 4% al descontar la suba general de precios, con descensos aún mayores en la coparticipación neta, impactada por el desempeño del Impuesto a las Ganancias y el IVA.
En este escenario, el Gobierno de Juan Pablo Valdés sostiene una política de aumentos salariales acotados, como el 6% otorgado a los docentes, en nombre de la disciplina fiscal y el “cuidado” de las cuentas públicas. Sin embargo, el contraste con los datos económicos es evidente: por un lado, se reconoce la necesidad de auxilios financieros y adelantos de fondos; por otro, se ajustan salarios que ya vienen retrasados frente a la inflación, empujando a los trabajadores estatales al endeudamiento y a la protesta.
A medida que los indicadores muestran empleos a la baja, provincias que recurren a financiamiento para pagar gastos corrientes y recursos nacionales que pierden valor real, la narrativa del “orden” comienza a chocar con la realidad de los hogares correntinos. En ese punto, las marchas de docentes autoconvocados y el malestar de otros sectores estatales aparecen no como un hecho aislado, sino como la consecuencia directa de una economía provincial que se sostiene sobre ajustes en el salario, mientras se acepta sin demasiada discusión el endeudamiento como salida de corto plazo.
