Organismos de control, legisladores de la oposición y organizaciones civiles reclaman mayor transparencia en las decisiones del Gobierno argentino sobre el uso de fondos públicos y la implementación del ajuste.
En los últimos días se presentaron pedidos de informes y proyectos en el Congreso para que el Poder Ejecutivo detalle el destino de partidas sensibles, los criterios para otorgar préstamos a las provincias y los cambios previstos en programas sociales. Los cuestionamientos apuntan a la necesidad de fortalecer los mecanismos de auditoría y evitar la discrecionalidad en la distribución de recursos en un contexto de recorte generalizado.
Referentes de la sociedad civil y especialistas en administración pública advierten que la legitimidad de las medidas económicas depende, en buena medida, de la claridad con la que se comunican y de la posibilidad de monitorear su impacto. Frente a ese escenario, el oficialismo promete publicar más datos y avanzar en mesas de diálogo, aunque mantiene la defensa del rumbo fiscal elegido para estabilizar la economía nacional.
