La actividad del ministro del Interior está centrada en el acuerdo político y fiscal. Los recelos, aun en medio de los avances, son reflejo del ejercicio del poder. No es solo un juego táctico, sino sobre todo conceptual. Lo exponen también las cargas sobre periodistas.
En tan solo 24 horas, Guillermo Francos mantuvo tres encuentros enfocados en un solo punto: asegurar apoyo de gobernadores para la nueva versión de la Ley Bases y el paquete fiscal que juega como contraparte del trato. Son capítulos acelerados de una serie que expone necesidades visibles aunque no asimiladas desde el primer día de gestión, combinadas con gestos para enderezar las relaciones dañadas por el ajuste y, más aún, por las facturas adjudicadas al fracaso inicial de la Ley Ómnibus. En esta última tanda de contactos, sobresalió el intento de recomponer puentes golpeados por sobreactuaciones del propio oficialismo.
Las reuniones expuestas en fotos son el resultado de contactos más reservados del ministro y en algunos casos, de Nicolás Posse. Eso no despeja los recelos de muchos interlocutores, que mezclan cautela y apuesta política, además de sus propias necesidades. Ocurre, en definitiva, que no logran ver todavía -luego de cuatro meses de gestión- si existe voluntad real de establecer algún mecanismo de negociación que haga más o menos previsibles los vínculos entre Javier Milei, los jefes provinciales y el Congreso, entre los principales “actores”.
Esa reacción, por momentos convertida en malestar o enojo, se repite en otros ámbitos, últimamente entre jefes sindicales y en algunas franjas empresariales. No se trata de táctica oficialista para negociar desde posiciones de dureza, sino de un reflejo conceptual sobre el ejercicio de poder. Nada absolutamente nuevo. Se trata de miradas hegemónicas, que tensan la relación presidencial con los otros poderes y con diferentes espacios políticos, y también, de manera creciente, expresan peligrosa intolerancia con periodistas.
La razonable y necesaria condena al ataque de Irán a Israel fue acompañada por otro tipo de sobreactuación, que se mostró al menos de dos maneras. La primera: le resta seriedad a la cuestión de fondo, es decir, el reposicionamiento del país en el frente externo, algo que, a la vez, juega en contra del debate de fondo sobre el alineamiento anterior, con sello de CFK. Y la segunda: añadió una carga sobre periodistas, esta vez por el cuestionamiento a un aspecto de la escenificación del Gobierno apenas regresado Milei a Buenos Aires.
El cruce, en este caso, fue con Jorge Lanata, que había criticado la participación del embajador Eyal Sela en la reunión del Presidente con su equipo. Después, el Gobierno aclaró que, al revés que lo que sugería su primera comunicación, el embajador israelí sólo había expuesto sobre la situación en el inicio del encuentro y no en toda la reunión, centrada en la seguridad nacional antes que en la posición internacional. Pero el tema de fondo es otro.
Milei sugirió una práctica corrupta como motor de la crítica de Lanata. Sin prueba alguna y sin más vueltas: ese fue el eje de la descalificación. Desde el Gobierno sostienen, como en otras oportunidades, que el Presidente tiene derecho a opinar cómo quiera. Pero no se trató de una opinión sino de una acusación y, por lo demás, existe una cuestión gravitante sobre el lugar institucional y de poder que ocupa Milei. La mezcla de falta de tolerancia frente a los cuestionamientos y cruce de límites incluye y trasciende al periodista apuntado: puede tener efectos sobre el ejercicio periodístico.
Visto de ese modo, las sobreactuaciones expresan componentes conceptuales, básicos, y se proyectan en la práctica. Buena parte de los gobernadores y los bloques legislativos considerados más dispuestos a la negociación quedaron en el foco de la escalada oficialista que siguió a la previsible caída del primer proyecto de Ley Ómnibus. El clima llegó al punto del insulto, bajo la consigna según la cual “la” política no acompaña sin vueltas el cambio votado por “la” sociedad. Dicho de otra forma: el resto de las elecciones -legislativas, provinciales- no contaría frente al triunfo de LLA en el balotaje.
La carga generalizada tuvo a la vez señalamientos individuales. Algunos de ellos, gobernadores, integran la lista de los últimos contactos de Francos. Ayer mismo, el ministro asistió al encuentro de la Región Centro. Dos de los jefes provinciales habían sido blanco directo del Gobierno y fue necesario bastante más que una foto para recomponer en parte la relación: el santafesino Maximiliano Pullaro y el cordobés Martín Llaryora. El otro integrante de ese bloque regional es el entrerriano Rogelio Frigerio, pieza destacada entre los jefes provinciales que tratan de armar un espacio de negociación con el Ejecutivo.
Esa foto muestra parte del tablero y una vía para encarar tratativas en el marco de fragmentación política. Un gobernador del PRO, uno de la UCR y otro del peronismo no alineado. Tienen expresión legislativa, aunque no garantizan mecánicamente la votación de los bloques que integran. El tejido es más complejo.
