Introducción

La industria textil de Corrientes atraviesa uno de sus momentos más críticos en años. Con fábricas cerrando, despidos masivos y una caida de la producción que supera el 22% interanual a nivel nacional, los trabajadores del sector enfrentan una realidad devastadora. Pero lo que más indigna a los sectores productivos correntinos no es solo la crisis en sí misma, sino la total ausencia de respuestas del gobierno provincial encabezado por Juan Pablo Valdés, quien parece ajeno al drama que viven cientos de familias que dependían de estas fábricas para sobrevivir.

El golpe más duro: el cierre de Emilio Alal en Goya

El caso más emblemático de la debacle textil correntina es el de la empresa Emilio Alal S.A.C.I.F.I., una compañía con más de un siglo de trayectoria en la industria argentina. En enero de 2026, la firma cerró definitivamente sus plantas productivas y dejó en la calle a 260 trabajadores en Goya, Corrientes, y 200 más en Villa Ángela, Chaco.

El impacto en Goya fue demoledor. En una ciudad donde las fábricas textiles son el principal motor económico, la pérdida de 260 puestos de trabajo formales significó un golpe directo a cientos de familias y un efecto dominante sobre el comercio y los servicios locales. Los trabajadores afectados salieron a reclamar, primero por sus puestos y luego por sus indemnizaciones, en un proceso que se extendió por semanas. La empresa incluso impuso una perimetral a un grupo de trabajadores que protestó, lo que agravó aún más la situación.

Un sector en colapso: la crisis que no para

El cierre de Alal no es un caso aislado. La industria textil argentina registró una caída superior al 22% interanual en febrero de 2026, una cifra que refleja la magnitud del retroceso. En Corrientes, las plantas trabajan muy por debajo de su capacidad. En algunos casos, la producción se redujo a la mitad; en otros, la actividad es mínima o intermitente.

Las empresas locales enfrentan una competencia desleal de productos importados que, en muchos casos, ni siquiera reflejan el valor real de producción. Esta situación presiona a las fábricas correntinas que ven reducida su participación en el mercado. El impacto se siente en toda la cadena de valor: desde los hiladores hasta los trabajadores de confección, pasando por los comercios que dependían de estas industrias como proveedores o clientes.

El gobierno provincial: ausente frente a la crisis

Frente a este panorama desolador, la respuesta del gobernador Juan Pablo Valdés ha sido, en el mejor de los casos, insuficiente. Los sectores productivos correntinos denuncian que el gobierno provincial no ha implementado políticas activas para sostener al sector textil, dejando a las empresas y trabajadores librados a su suerte. No hubo anuncios de planes de reconversión laboral, ni incentivos fiscales para las industrias en crisis, ni programas de acompañamiento a las familias afectadas.

El propio gobernador Valdés reconoció, ante el cierre de Alal, que “se hace difícil competir con productos importados”, pero no ofreció más que palabras. Los trabajadores y empresarios del sector esperaban acciones concretas: subsidios, acuerdos con el gobierno nacional, programas de empleo y capacitación. Nada de eso llegó. La única respuesta fue el silencio y la transferencia de responsabilidades a Buenos Aires.

Los reclamos que no fueron escuchados

Distintos actores sociales y económicos correntinos han alzado la voz para denunciar la inacción del gobierno provincial. Sindicatos, cámaras empresariales y dirigentes opositores coinciden en que Corrientes necesita con urgencia un plan de desarrollo industrial que no dependa exclusivamente de la economía agropecuaria y el empleo público.

La industria textil, que durante décadas representó una fuente de trabajo genuino y desarrollo para ciudades como Goya, hoy agoniza sin que el gobierno provincial mueva un dedo para evitarlo. Los trabajadores que perdieron su empleo siguen esperando respuestas que no llegan. Las familias de Goya y otras localidades textiles de Corrientes exigen al gobernador Valdés que asuma su responsabilidad y presente un plan de emergencia industrial concreto y urgente.

Corrientes no puede darse el lujo de perder más industria. Cada fábrica que cierra es un retroceso en el desarrollo productivo que costara décadas revertir. El tiempo se acaba y la gente espera respuestas.

Fuentes: El Destape (14/04/2026 y 06/04/2026) | El Litoral (27/01/2026) | Multimedia Megared | NEA Hoy

Introducción

El Sindicato de Trabajadores Judiciales de Corrientes (SITRAJ) se declaró en estado de alerta y movilización ante la grave situación que se vive en el Poder Judicial de la provincia. La razón del conflicto es concreta: el Ministerio de Hacienda del gobierno provincial habría comenzado a maniobrar para frenar el pago del aumento salarial del 6% pactado para abril, en lo que el gremio califica como una flagrante violación del Acuerdo Extraordinario N° 02/2026. El propio gobernador Juan Pablo Valdés encendió las alarmas al advertir que el cumplimiento del acuerdo “generaría un déficit de 48 mil millones de pesos”, dejando en el aire el destino del salario de cientos de trabajadores judiciales correntinos.

El acuerdo que el gobierno intenta desconocer

El Acuerdo Extraordinario N° 02/2026 fue suscripto por el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Corrientes y reconoce una recomposición salarial del 6% a cobrar en abril de 2026. Este acuerdo fue el resultado de meses de negociaciones y se firmó con la anuencia de todas las partes involucradas. Sin embargo, desde el Ministerio de Hacienda provincial comenzaron a circular versiones de que el pago podría no concretarse, invocando dificultades financieras.

Ante esta situación, el SITRAJ presentó una nota formal al presidente del STJ, Guillermo Semhan, exigiendo que el tribunal “agote gestiones y recursos” para garantizar el cumplimiento del acuerdo. El sindicato fue claro: el aumento salarial pactado “sigue firme” legalmente y no puede ser desconocido unilateralmente por el Ejecutivo provincial.

Las declaraciones del gobernador que encendieron la mecha

El gobernador Juan Pablo Valdés sorprendió a propios y extraños al hacer públicas sus dudas sobre la viabilidad del pago. En declaraciones que causaron indignación en el sector judicial, el mandatario advirtió que cumplir con el 6% pactado “impactaría de forma crítica en las arcas públicas, provocando un desbalance financiero de 48 mil millones de pesos”.

Si bien Valdés reconoció la autonomía del Poder Judicial, fue tajante al señalar que la viabilidad del pago depende “exclusivamente de las conversaciones con el Ministerio de Hacienda”. Esta postura coloca al Ejecutivo provincial como un actor que no solo no acompaña al Poder Judicial en el cumplimiento de sus obligaciones, sino que activamente dificulta la liquidación de salarios convenidos.

Un patrón de conflictos salariales que se repite

No es la primera vez que el gobierno de los Valdés enfrenta una crisis de este tipo. A comienzos de 2026, una mala liquidación de los sueldos docentes provocó una crisis política que terminó con la salida del ministro de Hacienda, Marcelo Rivas Piasentini, quien ocupaba el cargo desde hacía cinco años. Los docentes salieron a la calle exigiendo la renuncia de la ministra de Educación, Ana Miño. El gobernador debió ordenar la devolución de los montos descontados y realizar cambios en el gabinete como medida de “control de daños”.

Esta sucesión de conflictos salariales revela una gestión provincial que no prioriza el cumplimiento de los compromisos con sus trabajadores. La pregunta que se instala en la ciudadanía correntina es si se tratará de un patrón sistemático o de errores aislados de gestión.

El reclamo de los trabajadores judiciales: dignidad y derechos adquiridos

Los trabajadores judiciales de Corrientes han dejado en claro que no van a resignar sus derechos salariales conquistados. Desde el SITRAJ advierten que en caso de no concretarse el pago del 6%, estarán en condiciones de escalar las medidas de fuerza. La situación genera una tensión institucional inusual entre dos poderes del Estado provincial: el Ejecutivo y el Judicial.

Los ciudadanos correntinos esperan que el gobierno del gobernador Valdés asuma su responsabilidad en lugar de trasladarla al Poder Judicial. Un Estado que no puede garantizar el pago de los salarios que él mismo contribuyó a acordar es un Estado que ha perdido la confianza de sus trabajadores, y esa desconfianza tiene consecuencias que van mucho más allá de un simple porcentaje de aumento.

Fuentes: Perfil NEA (15 y 16/04/2026) | Letra P (26/03/2026) | SITRAJ Corrientes

Introducción

La provincia de Corrientes inició el año 2026 con una de las peores noticias en materia laboral de la última década: la pérdida de más de 3.300 puestos de trabajo privados registrados en tan solo doce meses. Según datos oficiales de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, en enero de 2026 la provincia contabilizó apenas 76.300 trabajadores registrados en el sector privado, el nivel más bajo desde la pandemia. Frente a este devastador escenario, el silencio del gobernador Juan Pablo Valdés resulta ensordecedor.

Una caída sin precedentes en el empleo provincial

El informe “Situación y evolución del trabajo registrado”, publicado en abril de 2026 por la Secretaría de Trabajo de la Nación, expone con crudeza la realidad laboral de Corrientes. La comparación interanual es contundente: en enero de 2025 la provincia tenía 79.600 trabajadores privados registrados; un año después, ese número cayó a 76.300. Eso equivale a más de 3.300 familias correntinas sin el sustento de un empleo formal.

La situación resulta aún más alarmante si se considera la comparación mensual: en diciembre de 2025 había 78.100 trabajadores registrados, lo que indica que en apenas un mes se destruyeron cerca de 1.800 puestos de trabajo adicionales. Este retroceso interrumpió la leve recuperación que se había observado a fines de 2025, confirmando que cualquier mejora fue superficial y temporal.

Corrientes entre las provincias más castigadas del país

El panorama comparativo a nivel nacional coloca a Corrientes en un lugar sumamente preocupante. De las 24 provincias argentinas, 20 mostraron caídas en el empleo formal en el último año. Sin embargo, Corrientes registró una caída del 4,1% interanual, ubicándose entre las jurisdicciones con peor desempeño del país, junto a Catamarca (-10,5%), Tierra del Fuego (-9,8%) y Santa Cruz (-8,9%).

Mientras tanto, las cuatro provincias que lograron mejorar —Río Negro, Neuquén, San Juan y Santiago del Estero— demuestran que la crisis no es inevitable: depende en gran medida de la capacidad de gestión y las políticas activas de cada gobierno provincial. La pregunta que muchos correntinos se hacen es: ¿qué está haciendo el gobierno de Valdés para revertir esta tendencia?

La respuesta ausente del Ejecutivo provincial

Ante la publicación de los datos, el gobierno provincial optó por el silencio. No hubo conferencias de prensa, no hubo anuncio de medidas de emergencia laboral, ni siquiera un comunicado oficial reconociendo la magnitud del problema. Esta actitud contrasta con la gravedad de los números y con el sufrimiento concreto de miles de familias correntinas que ven cómo año a año se reducen sus posibilidades de acceder a un trabajo digno.

Sectores sociales, sindicales y oposición política han comenzado a alzar la voz exigiendo al gobierno una respuesta concreta. La falta de políticas activas de empleo, el abandono de la industria local y la auséncia de un plan de desarrollo productivo son algunos de los puntos que más críticas generan contra la gestión Valdés. Desde mediados de 2024, la caída del empleo privado en Corrientes no ha hecho más que profundizarse, configurando una crisis estructural que demanda soluciones urgentes.

Un contexto nacional que no justifica la inacción

Si bien la crisis del empleo tiene raíces en la política económica nacional, la experiencia de otras provincias demuestra que la gestión local marca la diferencia. Las provincias que implementaron políticas activas de promoción industrial, incentivos fiscales a la producción y programas de empleo público lograron resultados distintos. En Corrientes, en cambio, predomina la inacción, la falta de diversificación productiva y la dependencia casi exclusiva del empleo público como último recurso para los desocupados.

Los datos no mienten: Corrientes pierde trabajadores, pierde oportunidades y pierde futuro. La ciudadanía exige al gobernador Juan Pablo Valdés que deje de mirar hacia otro lado y presente con urgencia un plan integral de recuperación laboral que esté a la altura de la crisis que atraviesa la provincia.

Fuentes: Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación – Informe Abril 2026 | Multimedia Megared | NEA Hoy | El Destape (21/04/2026)

CORRIENTES, 15 de abril de 2026. El sistema de salud pública de Corrientes atraviesa una de las situaciones más críticas de los últimos años. Según datos del propio Ministerio de Salud provincial y relevamientos independientes, más del 86% de las atenciones médicas en la provincia se realizan en el sistema público, una cifra que refleja tanto la gravedad de la pobreza como el colapso del sistema de cobertura privada ante la crisis económica nacional y provincial. La demanda crece día a día a medida que más familias pierden su cobertura de medicina privada y se vuelcan a los hospitales públicos que no cuentan con los recursos para absorber esa demanda.